Por Alejandra Cassino M.
PrensAnimalista
El 27 de enero comenzó como un día más para Cristián García-Huidobro Correa, abogado UC de 36 años, fiscal del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES). Como en otras jornadas en la División Jurídica-Legislativa del Ministerio le esperaban varios actos administrativos que evaluar y analizar. Sin embargo, un correo electrónico cambió su agenda y cuatro días después presentaba su renuncia al cargo. La razón, su profunda discrepancia con el Decreto N°65 de 2012, del Ministerio de Agricultura, que modifica el Reglamento de la Ley de Caza y la solución consensuada a la que llegó la Presidencia con el Ministerio de Agricultura para salvar uno de los artículos más conflictivos de la norma: autorizar la caza de “perros salvajes o bravíos” en zonas rurales de todo el país.
La norma reglamentaria, además de establecer como especie dañina a las “jaurías de perros salvajes”, erradica de sus considerandos a la Convención Internacional sobre Comercio de Especies Amenazadas (CITES), permitiendo, entre otras cosas, que quienes trafiquen con especies protegidas queden como custodios de los especímenes que les son incautados.
García-Huidobro explicó a PrensAnimalista que supo de la toma de razón por canales externos al Gobierno. “Desde mi rol como fiscal levanté los puntos complejos que presentaba el documento. Pues a mi juicio tiene vicios de legalidad. Entre ellos, el más delicado, a mi entender, que el ministro de Agricultura, Luis Mayol, sin que la SEGPRES tuviera conocimiento, enviara a la CGR un texto distinto al acordado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y que fue el que aprobó y firmó el Presidente Piñera en octubre de 2012. MINAGRI nunca acompañó los estudios ni la información técnica exigida por la ley de caza (art. 2, letra g) para catalogar una especie como dañina”, precisó.
Como consecuencia del informe preparado por García-Huidobro sobre el Decreto N°65 del Minagri, a su retorno de Cuba el Presidente Piñera se reunió con el ministro Mayol para evaluar la situación. Para el ex fiscal “existía una luz de esperanza en hacerle ver al Presidente que el texto evacuado por la Contraloría era distinto al que él aprobó y autorizó. El resultado de esa reunión fue que el Presidente autorizó el texto con la única salvedad que se incorporara una autorización especial del SAG. Eso gatilló mi renuncia. El decreto es irracional, nefasto, absolutamente desproporcionado”.